Una imagen generada con IA en un anuncio de Instagram y una multa de hasta 15 millones de euros pertenecen, desde el 2 de agosto de 2026, al mismo expediente administrativo. Las sanciones del AI Act en España se mueven en tres tramos —hasta 35 M€ o el 7% de la facturación global, hasta 15 M€ o el 3%, y hasta 7,5 M€ o el 1%— y la supervisión general recae en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, junto a reguladores sectoriales como la AEPD.
El artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 es el que más empresas afecta y el que menos se ha leído: no regula algoritmos de alto riesgo, regula algo mucho más común —que el usuario sepa cuándo está hablando con una máquina o viendo contenido sintético—.
¿Cuánto puede costar incumplir el AI Act en España?
El régimen sancionador está en el artículo 99 del Reglamento (UE) 2024/1689 y se calcula sobre la facturación anual mundial del grupo, no sobre la facturación de la filial española. Ese detalle cambia por completo la escala del riesgo.
| Tipo de incumplimiento | Importe máximo | % facturación global | Base legal |
|---|---|---|---|
| Prácticas de IA prohibidas (manipulación, scoring social, biometría no permitida) | 35 M€ | 7% | Art. 5 y 99.3 |
| Incumplimiento de otras obligaciones, incluida la transparencia del art. 50 | 15 M€ | 3% | Art. 99.4 |
| Información incorrecta, incompleta o engañosa a las autoridades | 7,5 M€ | 1% | Art. 99.5 |
En cada tramo se aplica la cifra más alta de las dos, salvo para pymes y startups, donde se aplica la más baja. La asimetría es deliberada: el regulador europeo quiere que el coste duela a quien tiene balance para absorberlo.
Interpretación ejecutiva: para una empresa de 20 M€ de facturación, el tramo del 3% equivale a 600.000 €. Para un grupo de 800 M€, a 24 M€. El mismo chatbot sin aviso genera exposiciones radicalmente distintas según el perímetro del grupo. La pregunta de dirección no es «¿nos pueden multar?», sino «¿sobre qué cifra se calcularía nuestra multa?».
¿Qué obliga exactamente el artículo 50 y a quién afecta?
El artículo 50 impone obligaciones de transparencia a sistemas de IA que interactúan con personas o generan contenido. No depende del nivel de riesgo técnico: depende de que haya un ser humano al otro lado que pueda ser inducido a error.
- Interacción con personas: el usuario debe saber que está interactuando con un sistema de IA, salvo que resulte evidente. Aplica a chatbots de atención, cualificación de leads o asistentes comerciales.
- Contenido sintético: los proveedores deben marcar en formato legible por máquina el audio, imagen, vídeo o texto generado artificialmente.
- Ultrafalsificaciones (deepfakes): quien despliega el sistema debe revelar que el contenido ha sido generado o manipulado artificialmente.
- Reconocimiento de emociones y categorización biométrica: obligación de informar a las personas expuestas.
- Texto publicado sobre asuntos de interés público: debe indicarse que ha sido generado por IA cuando no haya revisión editorial humana con responsabilidad identificable.
El alcance es más amplio de lo que las direcciones generales asumen. Una PYME industrial que instala un asistente conversacional en su web entra en el artículo 50. Una marca que produce creatividades con modelos generativos para campañas de Meta Ads entra en el artículo 50. Ninguna de las dos se considera a sí misma «una empresa de IA».
¿Quién supervisa y sanciona el AI Act en España?
España fue el primer Estado miembro en crear una autoridad específica: la AESIA, constituida por el Real Decreto 729/2023. La supervisión, sin embargo, no es monopolística, sino repartida por materia.
El anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 11 de marzo de 2025, atribuye competencias a la Agencia Española de Protección de Datos en materia biométrica y de gestión de fronteras, al Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de la justicia, a la Junta Electoral Central en procesos electorales y a los supervisores financieros en su perímetro, dejando a la AESIA el resto.
Implicación práctica: un mismo despliegue puede tener dos autoridades y dos regímenes. Un sistema de personalización publicitaria que trate datos personales responde ante la AEPD por el RGPD y ante la AESIA por el AI Act. Son expedientes independientes y acumulables.
¿Desde cuándo se aplican las sanciones?
El calendario del Reglamento es escalonado y ya está en fase operativa para la mayoría de empresas españolas.
| Fecha | Qué entra en vigor |
|---|---|
| 1 de agosto de 2024 | Entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689 |
| 2 de febrero de 2025 | Prácticas prohibidas y obligación de alfabetización en IA |
| 2 de agosto de 2025 | Modelos de uso general, gobernanza y régimen sancionador |
| 2 de agosto de 2026 | Aplicación general, incluidas las obligaciones de transparencia del art. 50 |
| 2 de agosto de 2027 | Sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados |
La Comisión Europea presentó en noviembre de 2025 un paquete de simplificación digital que propone reajustar plazos de parte del régimen de alto riesgo. Conviene confirmar el estado final de esa tramitación antes de planificar inversiones de cumplimiento a 2027 [VERIFICAR DATO].
Lo que realmente se sanciona no es usar IA: es no poder demostrar dónde la usas
Aquí está el punto que casi ningún análisis jurídico formula en términos de negocio. El artículo 50 no prohíbe prácticamente nada. Exige declarar. Y declarar presupone saber.
Según Eurostat, en 2024 el 13,5% de las empresas de la UE con 10 o más empleados utilizaba alguna tecnología de inteligencia artificial, con una brecha pronunciada por tamaño: alrededor del 41% en grandes empresas frente a poco más del 11% en pequeñas. Ese dato mide adopción declarada. No mide la adopción real, que es sistemáticamente mayor: herramientas generativas contratadas por un departamento, funciones de IA activadas por defecto en plataformas publicitarias, modelos embebidos en el CRM o en el chat de soporte.
La mayoría de las empresas españolas no tiene un problema de IA prohibida. Tiene un problema de inventario. No sabe cuántos sistemas de IA opera, quién los introdujo, qué datos consumen ni qué contenido producen sin supervisión humana. Un expediente de la AESIA no empieza preguntando si la empresa cumple: empieza preguntando qué sistemas tiene. Y el artículo 99.5 sanciona con hasta 7,5 M€ o el 1% precisamente dar información incorrecta o incompleta a la autoridad.
La tesis es incómoda: el riesgo regulatorio del AI Act es, en el fondo, el mismo problema que el riesgo de medición. Las empresas que no pueden explicar qué canal genera cada venta tampoco pueden explicar qué sistema automatizado toca a cada cliente. La misma opacidad produce las dos consecuencias: decisiones mal informadas y expedientes mal defendidos. Por eso la respuesta no es jurídica, es de arquitectura de datos y trazabilidad.
¿Qué cambia esto en la práctica para marketing, ventas y publicidad?
Cambia la responsabilidad sobre el activo creativo y conversacional. Tres frentes concretos:
- Creatividades generativas. Si una campaña usa imágenes, voces o vídeos sintéticos con apariencia realista, la obligación de revelación recae sobre quien despliega el sistema —el anunciante—, no solo sobre quien lo fabrica.
- Automatización conversacional. Chatbots y asistentes de cualificación deben identificarse como sistemas de IA. El aviso no es una línea de copy: es un requisito con importe asociado.
- Cadena de proveedores. Agencias, freelances y plataformas forman parte de la cadena de cumplimiento. Los contratos de servicio redactados antes de 2025 no contemplan reparto de responsabilidades bajo el AI Act.
Quien gestiona inversión publicitaria significativa en Google Ads o en redes sociales opera hoy con funciones automatizadas que no eligió activar. Eso no exime: la responsabilidad del desplegador se evalúa por el uso, no por la intención.
Qué debería revisar su dirección esta semana
No hace falta un programa de cumplimiento de doce meses para reducir la mayor parte de la exposición. Hacen falta cuatro respuestas por escrito:
- Inventario: ¿qué sistemas de IA están en producción, en qué departamento y bajo qué responsable nominal?
- Base de cálculo: ¿sobre qué facturación consolidada se calcularía un 3%? Esa cifra define si esto es un asunto operativo o de consejo.
- Puntos de contacto con el cliente: ¿dónde interactúa un sistema automatizado con una persona sin que se le informe?
- Contratos: ¿qué proveedor asume qué obligación del artículo 50 y está escrito en algún sitio?
La empresa que puede responder a estas cuatro preguntas en una reunión ha convertido un riesgo regulatorio en un activo de gobierno. La que no puede, descubrirá el coste cuando el expediente ya esté abierto. En nuestra metodología de trabajo partimos del mismo principio: lo que no está medido ni documentado no se puede dirigir, ni ante el mercado ni ante un regulador.
Antes de aprobar la próxima tanda de creatividades generadas con IA, lleve el inventario a la reunión de dirección. Si no existe, ese es el único punto del orden del día que importa. Si quiere contrastar cómo está estructurada hoy su trazabilidad de datos y campañas, podemos revisarlo con usted.
Preguntas frecuentes
¿Se aplica el AI Act a una empresa española que solo usa herramientas de IA de proveedores extranjeros?
Sí. El Reglamento distingue entre proveedor y responsable del despliegue, y la empresa que utiliza el sistema en la UE asume obligaciones propias, entre ellas las de transparencia del artículo 50. Que el modelo sea estadounidense no traslada la responsabilidad fuera de España.
¿Tienen las pymes un régimen sancionador distinto?
El Reglamento (UE) 2024/1689 establece que, para pymes y startups, se aplica el menor de los dos límites —importe fijo o porcentaje de facturación—, mientras que para el resto se aplica el mayor. Las obligaciones son las mismas; lo que cambia es el techo económico de la sanción.
¿Hay que etiquetar un anuncio retocado puntualmente con IA?
La obligación de revelación del artículo 50 se centra en contenido generado o manipulado artificialmente que presente apariencia de realidad y pueda inducir a error, especialmente en deepfakes. Retoques menores que no alteran la veracidad de lo representado reciben un tratamiento distinto, por lo que la evaluación debe hacerse pieza a pieza.
¿Una misma actuación puede sancionarse a la vez bajo el AI Act y el RGPD?
Sí, porque protegen bienes jurídicos distintos y dependen de autoridades distintas: la AEPD en materia de datos personales y la AESIA en supervisión general de IA. Un sistema puede ser conforme al RGPD y, aun así, incumplir las obligaciones de transparencia del artículo 50.